Los sistemas integrados en la prevención del delito en ciudades latinoamericanas

El aumento de hechos de violencia y criminalidad en ciudades como Bogotá ha reabierto la conversación sobre la necesidad de fortalecer las capacidades institucionales de prevención, monitoreo y respuesta. De acuerdo con cifras de la Policía Nacional de Colombia, entre enero y noviembre del 2025 se registraron 12.484 homicidios, lo que representa un incremento de dos puntos porcentuales frente a las cifras de 2024.

En este contexto, especialistas en seguridad urbana coinciden en que las ciudades requieren modelos de gestión más coordinados, donde la información fluya entre entidades, se analicen patrones en tiempo real y se actúe de manera articulada. La tecnología —particularmente, las plataformas de unificación de datos— se convierte en un habilitador para mejorar la toma de decisiones y fortalecer la capacidad operativa de las instituciones.

“El desafío ya no es tener una plataforma tecnológica que tenga la capacidad de unificar los datos que llegan de la cada vez más creciente demanda de dispositivos o cámaras que se implementan día a día, sino lograr que dicha información sea analizada y canalizada de forma eficiente a los diferentes agentes que confluyen en el entorno de vigilancia ciudadana y así anticipar riesgos y apoyar a las autoridades en la respuesta. La tecnología debe estar al servicio de una estrategia integral que incluya prevención, cooperación interinstitucional y participación ciudadana” afirmó Mónica Prieto, Gerente de Desarrollo de Negocio de Genetec.

 En América Latina, diversas ciudades han empezado a apostar por modelos en los que convergen datos de videovigilancia, sensores, sistemas de movilidad, emergencias y atención ciudadana. La integración de estas fuentes ayuda a identificar tendencias, optimizar recursos y mejorar la investigación posterior a incidentes.

Genetec, que trabaja con gobiernos locales, sistemas de transporte y operadores de infraestructura crítica en la región, reitera que la tecnología es solo una parte del ecosistema: su impacto depende de políticas públicas claras, coordinación institucional y una visión de seguridad que involucre tanto a las autoridades como a la comunidad.