La tecnología avanza a velocidades que suelen dejar rezagada a los organismos legislativos en las grandes ciudades, Bogotá ha decidido tomar la iniciativa. A través del podcast de la firma Posse Herrera Ruiz, Natalia Alarcon, directora de innovación legal y gobernanza de la IA, conversó con Diana Celis, consejera distrital TIC, sobre un reciente hecho administrativo de gran relevancia: El Acuerdo 003 de diciembre de 2025. Este documento no es una simple sugerencia técnica, pues representa la estructura legal y ética para que las entidades distritales y las empresas que colaboran con ellas integren la inteligencia artificial (IA) sin comprometer la seguridad ciudadana.
El diálogo revela que la capital no ha querido esperar a que el Congreso de la República desenrede la multiplicidad de proyectos de ley estancados. Bajo el liderazgo de Celis, quien acumula dos décadas de experiencia en transformación digital, el distrito construyó un modelo de gobernanza propio. Este marco se aleja de las «modas» tecnológicas para centrarse en una realidad inmediata: La IA ya está en la vida cotidiana de las personas y en la labor de los funcionarios, por lo que su regulación debe ser proactiva y no reactiva.
Uno de los pilares del Acuerdo 003 es el reconocimiento de la madurez digital. No todas las entidades ni todas las empresas parten del mismo punto de partida. Por ello, el lineamiento incluye un modelo de automedición que evalúa la infraestructura de datos y la ciberseguridad antes de lanzar cualquier proyecto. La consejera enfatiza que sin datos fiables, seguros y bien gobernados, la IA es inoperante. Esta visión técnica busca evitar que las inversiones públicas se conviertan en sistemas costosos que quedan en el olvido por falta de documentación.
La invitada fue enfática al definir el rol de estas nuevas herramientas en la administración pública, marcando una línea clara entre el apoyo tecnológico y la responsabilidad institucional. Según Celis, el factor humano sigue siendo el eje del servicio. «La inteligencia artificial es una herramienta de soporte para el trabajo, pero no reemplaza las decisiones de un ser humano».
Esta premisa es vital para entender la «transparencia algorítmica» que exige el nuevo marco. El acuerdo obliga a las entidades a mantener un expediente digital detallado y a realizar análisis de riesgo rigurosos. Para las empresas privadas que contratan con el Estado, estos lineamientos ofrecen claridad y reglas de juego niveladas. Al tener requerimientos técnicos y éticos definidos, se fomenta una competencia sana donde el valor no reside solo en el músculo financiero, sino en la capacidad de entregar soluciones que respeten la privacidad y generen confianza.
El reto principal es la generación de capacidades internas. Celis advierte que la IA podría ampliar las brechas sociales si no se acompaña de una alfabetización digital integral. Por ello, el modelo de Bogotá integra centros de experiencia TIC y comunidades de aprendizaje. La meta es que tanto el funcionario que atiende una petición ciudadana como el ciudadano que interactúa con un sistema automático comprendan la lógica detrás de la pantalla, garantizando que la tecnología sea un motor de equidad.
Bogotá pasa entonces a convertirse en un laboratorio de urbanismo inteligente en la región. Al adoptar un modelo de identidad digital autosoberano, donde el ciudadano decide qué información comparte, el distrito apuesta por la transparencia. Este éxito de la IA no depende de la sofisticación de sus algoritmos, pasando a basarse en la solidez de su ética y de la claridad de su hoja de ruta.
