Niubox presentó la segunda edición del informe, “Desafíos Regulatorios de la IA en Latam”, con el objetivo de brindar a empresas y autoridades una guía clara para navegar la rápida expansión de normas y proyectos legislativos sobre inteligencia artificial (IA) en la región.
El informe presenta una actualización sobre los avances y desafíos regulatorios de la IA en América Latina, abarcando trece países y centrándose en 193 iniciativas legislativas presentadas entre el 1 de enero de 2021 y el 15 de septiembre de 2025.
De acuerdo con Oscar Montezuma, CEO & Founder de Niubox “Para que la inteligencia artificial se convierta en un verdadero motor de desarrollo en América Latina, es fundamental superar el tecnopánico regulatorio. Hoy, la mayoría de los proyectos de ley en la región priorizan el control del riesgo y la sanción, antes que la promoción de la innovación. Si no se corrige esta visión restrictiva, la IA difícilmente podrá desplegar su potencial para impulsar el crecimiento económico y la inclusión social que tanto necesita nuestra región”.
La distribución de estas iniciativas muestra una concentración significativa en Argentina (49) y México (48), que en conjunto representan casi la mitad del total regional. Les siguen Perú (34), que se consolida como uno de los países más activos en la aprobación de marcos normativos para la IA, y Brasil (21). En un segundo nivel se ubican Chile (14) y Colombia (13), ambos con debates legislativos en curso sobre propuestas de alcance general. El resto de los países presenta cifras más bajas.
Si bien, el volumen de proyectos legislativos sobre IA ha aumentado de forma notable, su avance es mucho más lento: el 62,20% sigue en trámite y solo el 4,70% ha llegado a convertirse en ley. Esta diferencia revela que, pese al interés creciente, los parlamentos aún se debaten entre regular con rapidez o tomarse más tiempo para entender el alcance de esta tecnología.
El informe también revela que la agenda regional se ha movido mucho más por el temor al riesgo que por la apuesta a la innovación. El 59,1% de las iniciativas analizadas (114 proyectos) se enfocan en imponer controles, obligaciones y restricciones al desarrollo y uso de la IA. En contraste, las propuestas orientadas al fomento, investigación y desarrollo representan apenas el 26,4% (51 proyectos), evidenciando un desequilibrio que limita el potencial tecnológico de la región.
La prioridad legislativa sigue puesta en adaptar el derecho penal —por ejemplo, creando nuevos delitos asociados al uso de IA— y en cerrar vacíos legales, mientras que el desarrollo de habilidades digitales queda relegado. Además, buena parte de los proyectos toma como referencia el modelo europeo (EU AI Act), lo que plantea un reto para la región: adoptar estándares pensados para otras realidades puede traducirse en cargas difíciles de cumplir para PYMES y startups, frenando la adopción de la tecnología y ampliando la brecha competitiva.
En el caso colombiano, el informe muestra que el debate sigue siendo disperso: predominan iniciativas centradas en delitos cometidos mediante IA y propuestas de regulación general inspiradas en modelos internacionales. Si bien la estrategia del país busca evitar un marco que frene la innovación y aspira a construir reglas adaptadas a la realidad local, aún no existe una dirección clara que articule estos esfuerzos ni un enfoque consistente que conecte regulación, innovación y competitividad.
Por su parte, Daniel Valencia, Country Manager de Niubox para Colombia, indica: “Con la formulación del CONPES 3975 de 2019 nuestro país dio el primer paso al definir la política nacional de transformación digital y sentar las bases para el desarrollo de la IA. Sin embargo, las iniciativas que se han presentado carecen de un norte claro que fomente la innovación y vuelva a Colombia un mercado atractivo desde el punto de vista regulatorio. El reto ahora es construir una regulación propia que no copie estándares internacionales, sino que impulse la innovación mientras protege los derechos humanos”.
Finalmente, el informe sugiere que las políticas públicas y los marcos regulatorios sobre IA deben estar alineados con las normativas ya existentes, como lo son las normas de protección de datos personales, protección al consumidor, y de responsabilidad civil y penal. El éxito del uso ético de la IA no se medirá por la cantidad de normas aprobadas, sino por su capacidad de generar resultados verificables, desde la mitigación de riesgos hasta la adopción responsable, permitiendo que la IA se convierta en una herramienta accesible que impulse mejoras tangibles en la sociedad y el desarrollo económico.
