La digitalización del sector público avanza, pero los modelos actuales —basados en infraestructura fragmentada, hardware heredado y servicios de nube externa— comienzan a quedar atrás frente al volumen de datos, la presión regulatoria y los riesgos de ciberseguridad. En ese contexto, países como México ya han comenzado a desarrollar lineamientos específicos para una plataforma estatal soberana, mientras que otros como Chile, Brasil y Colombia avanzan en estrategias que, si bien no conforman aún una arquitectura común de este tipo, sientan las bases para un entorno tecnológico más seguro y con control local.
“El enfoque tradicional, en el que cada entidad licita por separado sus servicios en la nube, ha demostrado ser costoso, poco eficiente y con altos riesgos de dependencia. La tendencia actual apunta a una arquitectura común, donde los recursos se compartan bajo una plataforma tecnológica automatizada y con estándares abiertos que permitan escalar sin atarse a un único proveedor. Creemos en un modelo de industria, abierto a todos los actores del mercado, que le provea al Estado una solución geo-redundante, multi-cloud, al mejor costo, y que le permita portar sus cargas entre proveedores de forma sencilla”, explica José Miguel Guzmán, co founder de Whitestack.
En términos técnicos, una nube estatal puede construirse sobre tecnologías como virtualización o Kubernetes, lo que permite desplegar servicios críticos —como salud, justicia o educación— con agilidad, seguridad y monitoreo en tiempo real. Este tipo de plataforma tecnológica debe permitir a cada institución solicitar capacidades de cómputo en línea, imputarlas directamente a sus presupuestos, proveer acceso seguro a proveedores de aplicaciones, implementar automatización en el despliegue (CI/CD) y supervisar el rendimiento del sistema de forma continua. Además, al operar desde centros de procesamiento locales, cumple con las normativas de protección de la información sin comprometer el rendimiento ni la soberanía tecnológica.
Uno de los ejemplos más recientes en la región es el Plan Nacional de Data Centers en Chile, que contempla una inversión superior a los US$4.000 millones para posicionar al país como hub tecnológico. Si bien su objetivo principal es atraer capital, el plan también contempla un modelo de Cloud Gubernamental que servirá de base para alojar servicios públicos de forma segura, eficiente y conforme a las normativas locales. Este tipo de avances refleja una tendencia regional que comienza a madurar en distintas geografías, donde la soberanía tecnológica y la resiliencia del Estado se vuelven prioridades estratégicas.
Desde la Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de la Información (ACTI), advierten que este tipo de proyectos no pueden limitarse a soluciones técnicas, sino que requieren una gobernanza clara y colaborativa. “Para que esta infraestructura funcione, no basta con instalar servidores: necesitamos una estrategia nacional que combine estándares abiertos, articulación del ecosistema y talento local. La nube estatal debe ser un habilitador del desarrollo, no solo un repositorio de datos”, enfatiza Luz María García, Gerenta General de la ACTI.
En esa misma línea, “la pregunta ya no es si vamos hacia la nube, sino cómo y bajo qué condiciones. El Estado necesita mantener el control de su información crítica y garantizar continuidad operativa, especialmente en contextos de crisis o alta demanda”, sostiene Guzmán. Agrega que una arquitectura compartida, colaborativa y multi-proveedor permite optimizar recursos y reducir significativamente los costos operativos al evitar duplicaciones en la contratación y gestión tecnológica.
El mercado del cloud gubernamental podría alcanzar 90 mil millones de dólares en 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 17%, según Mordor Intelligence. La necesidad de almacenamiento, respaldo, protección y análisis de información es cada vez mayor, al tiempo que aumentan las amenazas cibernéticas y los requisitos legales para mantener los datos dentro de fronteras nacionales.
“La nube estatal no es una utopía tecnológica. Es una necesidad estratégica para que los países de la región aseguren servicios públicos resilientes, reduzcan su exposición a riesgos externos y modernicen su gestión sin renunciar a la soberanía de sus datos”, concluye Guzmán.
A medida que las políticas digitales en América Latina evolucionan, la posibilidad de adoptar una infraestructura soberana, interoperable y basada en software abierto se perfila como una solución viable para enfrentar los desafíos de esta nueva era. La transición no será inmediata, pero los pasos dados por algunos países ya configuran una hoja de ruta concreta hacia una transformación digital con bases propias.
