Colombia ha dado un paso decisivo hacia la transformación de su sistema financiero con la publicación del Decreto 0368 de 2026, el cual establece un modelo obligatorio de Finanzas Abiertas en el país. La normativa exige que las entidades financieras reguladas compartan los datos de sus clientes, sujetos al consentimiento previo y explícito de estos, utilizando estándares tecnológicos comunes, con el objetivo de impulsar la innovación, ampliar el acceso a los servicios financieros y fomentar la competencia dentro del sector.
La medida pone en operación lo dispuesto en la Ley 2294 de 2023 y el Plan Nacional de Desarrollo, que identifican a los datos como un habilitador clave para mejorar el acceso a productos financieros, particularmente para las pequeñas y medianas empresas (Pymes) y las poblaciones históricamente desatendidas.
El nuevo marco establece que los bancos, aseguradoras, administradoras de activos y otros participantes del sistema financiero deberán permitir el acceso estandarizado a información como el historial transaccional, las características de los productos financieros y los datos de vinculación de los clientes. Todo esto se rige por un principio central: los usuarios mantienen el control total sobre sus datos y pueden autorizar, revocar o supervisar su uso en cualquier momento.
La regulación también introduce requisitos técnicos clave. La Superintendencia Financiera será la responsable de definir los estándares comunes para el intercambio de información, incluyendo protocolos tecnológicos que garanticen la seguridad, la transparencia y la interoperabilidad entre los participantes del sistema.
Sin embargo, la regulación es solo el primer paso. Desde la perspectiva de la infraestructura financiera, el verdadero desafío será garantizar que los diferentes sistemas puedan conectarse y operar como un ecosistema integrado, en lugar de funcionar como plataformas aisladas.
La Fundación Interledger, una organización global dedicada a promover estándares abiertos para los pagos digitales, señala que el valor de las Finanzas Abiertas dependerá en gran medida de la interoperabilidad entre instituciones, plataformas y redes financieras.
“La apertura de datos es una base importante, pero su impacto real depende de que los sistemas puedan conectarse entre sí. También creemos que el control debe permanecer en el usuario y no en las instituciones ni en las plataformas. Para que las finanzas abiertas funcionen de verdad, las personas deben poder decidir quién ve sus datos, con qué propósito y por cuánto tiempo. Cuando esas dos cosas se unen, la interoperabilidad y la soberanía del usuario, las oportunidades económicas se expanden y más personas pueden participar en la economía”, afirmó Briana Marbury, Presidenta y CEO de la Fundación Interledger.
Este enfoque se alinea con el concepto del «Internet de las Oportunidades», promovido por la Fundación, que visualiza la evolución de la infraestructura financiera hacia un modelo abierto e interconectado, similar a la arquitectura de internet. En este modelo, diferentes sistemas financieros pueden interactuar mediante estándares compartidos, permitiendo que el valor, al igual que la información, fluya entre redes sin fricciones innecesarias.
En términos técnicos, este tipo de conectividad se apoya en protocolos abiertos como el Protocolo Interledger (ILP), diseñado para permitir transferencias de valor entre distintos sistemas financieros, independientemente de la tecnología o la institución que los opere.
La lógica es comparable a la que permitió el crecimiento de internet, redes independientes que se comunican mediante estándares comunes, creando un sistema global capaz de escalar la innovación y la participación económica.
La evidencia internacional sobre la interoperabilidad ya se encuentra en la región. Pix, en Brasil es un sistema de pagos instantáneos abierto e interoperable que opera como infraestructura pública, llegó a aproximadamente 71 millones de brasileños que anteriormente no estaban bancarizados o estaban sub-bancarizados en sus primeros cuatro años de operación. Con más de 178 millones de usuarios, actualmente alcanza a cerca del 91% de la población adulta de Brasil. Lo que hizo esto posible no fue solo la tecnología. Fue el diseño institucional, una gobernanza común, APIs estandarizadas y un acceso equitativo para bancos, fintechs, comercios y nuevos participantes.
En este escenario, las políticas de la Superintendencia Financiera, como el nuevo marco colombiano, tienen el potencial de mover el sistema hacia una conectividad real. Cuando la regulación impulsa estándares comunes e interoperabilidad entre los actores del mercado, la infraestructura financiera deja de ser una colección de sistemas aislados y comienza a funcionar como una red.
El lanzamiento del modelo obligatorio de Finanzas Abiertas posiciona a Colombia entre los países que buscan construir este tipo de arquitectura financiera.
La pregunta ahora no es si los datos estarán disponibles, sino si el ecosistema será capaz de conectarlos para convertirlos en una infraestructura verdaderamente interoperable.
