Mientras Colombia discute en el Senado su propio proyecto de ley sobre Inteligencia Artificial basado en niveles de riesgo, la necesidad de comprender los estándares globales se vuelve indispensable. Esta dinámica regulatoria y sus efectos comerciales se analizaron en una nueva entrega de PHR+ de Posse Herrera Ruiz, en una conversación liderada por Natalia Alarcón, directora de Innovación Legal y Gestión del Conocimiento de la firma, junto a Alexandre Mateus, jefe de Comercio de la Unión Europea en el país.
Desde agosto de 2024, rige en Europa una legislación que no restringe el desarrollo de la tecnología, sino sus aplicaciones comerciales y estatales, lo que hace que la norma clasifique las herramientas en cuatro niveles de riesgo: prohibido, alto, transparencia y mínimo. Prácticas como la puntuación social o la deducción de raza y religión mediante algoritmos resultan completamente prohibidas.
Frente a la exigencia para firmas extranjeras específicamente, se precisa que: «No es una aplicación extraterritorial porque solo se aplica a lo que se usa o se vende en Europa, sin embargo, si se vende desde afuera, se tiene que cumplir», afirmó Alexandre durante la conversación. Esto exige a las exportadoras auditar sus procesos y determinar en qué nivel de riesgo operan hoy sus diversas soluciones tecnológicas.
Ahora bien, bajo este marco jurídico, si una agencia publicitaria local usa IA para generar un video dirigido a clientes europeos, tendrá la obligación de etiquetarlo, de la misma forma en que las empresas que preseleccionan hojas de vida deberán certificar sus procesos al ser calificados de alto riesgo, pues abren el acceso a oportunidades esenciales para las personas.
La dimensión de este mercado genera el denominado «Efecto Bruselas»: Las corporaciones globales estandarizan sus operaciones bajo estas normas para evitar fragmentar sus servicios según cada jurisdicción, y de manera simultánea, múltiples naciones latinoamericanas utilizan este documento como base legislativa para redactar sus propios marcos jurídicos.
Las exportaciones de servicios digitales de Colombia hacia Europa crecen de manera constante un 10 % anual en promedio, por lo que para respaldar esta expansión comercial que ya tiene gran potencial a pesar de no ser muy grande, existe la iniciativa de añadir un protocolo digital al acuerdo bilateral vigente, lo que exige a las firmas locales auditar sus herramientas tecnológicas hoy mismo para mantener su competitividad global.
Ante este panorama, puede surgir la percepción de que estas exigencias internacionales solo son una preocupación para grandes corporaciones. Sin embargo, alinearse de forma temprana con las normativas europeas representa una oportunidad estratégica de crecimiento para empresas emergentes, tal como lo destacó Natalia Alarcón al referirse a la proyección que deben adoptar las compañías locales «Estratégicamente en este momento eres muy pequeño y no lo ves como una posibilidad, pero quieres tener una visión a largo plazo del desarrollo del negocio y por ende prefieres adoptar esos estándares para estar un poco a la vanguardia y estar listos para recibir un mercado más grande.».
En el ámbito interno, el legislativo colombiano avanza en el debate de un proyecto de ley sobre la materia, el cual también se fundamenta en la clasificación de riesgos. Este desarrollo local va acompañado del interés extranjero, donde las firmas europeas representan hoy el 23 % de la inversión en el sector tecnológico.
En la conversación se determina entonces que el avance de estas directrices exige una adaptación rápida de la red empresarial fuera del continente europeo, pues a medida que otras naciones de la región diseñan sus marcos, la legislación de la UE actúa como referente ineludible. Es allí donde crece y se implanta la necesidad de adaptar los sistemas, para que las firmas locales garanticen su acceso a los mercados globales.
