En Colombia, el 2024 fue un año marcado por diversas crisis ambientales causadas por las sequías, las cuales han provocado alertas de posibles racionamientos de energía para el primer trimestre del 2025; teniendo en cuenta que según cifras del centro de investigación Observadores Colombia, la generación de energía eléctrica depende de fuentes como hidráulica (70,12 %), térmica (24,18 %), solar (4,48 %), cogeneración (1,08 %) y eólica (0,13%), lo que evidencia que aún es baja la participación de fuentes renovables no convencionales como la solar y eólica, las cuales ofrecen grandes beneficios para el sector en términos de sostenibilidad y reducción de emisiones de carbono.
Ante esta realidad, iniciativas como las comunidades energéticas, que ya se desarrollan en Alemania, España y Brasil, empiezan a ser temas de conversación en el país. Pese a que el concepto varía según el contexto y necesidades de cada región, en Colombia lo entendemos como grupos de personas naturales o jurídicas que se unen para producir, gestionar y consumir energía renovable en modelos de autogeneración, autoabastecimiento o de comercialización, con la finalidad de que más usuarios tengan acceso a la energía, se promueva un consumo responsable del recurso y se implementen nuevos modelos de negocio.
“Las comunidades energéticas representan un avance importante para el país, siendo un paso crucial para la transición energética, logrando diversificar la matriz energética con la implementación de proyectos sostenibles, ampliando la capacidad instalada de fuentes de energía renovables y aumentando la cobertura del servicio. Además, fomenta la inclusión de diversos actores del país, incluyendo las poblaciones más alejadas y vulnerables”, asegura la experta Paola Santiago Ribón, cofundadora y CFO de Solenium.
Entre los avances del gobierno para poner en marcha estos proyectos y luego de introducir el término de Comunidades Energéticas en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, se emitió el Decreto 2236 de 2023, el cual define sus lineamientos y establece las bases para el funcionamiento. Ese mismo año el Ministerio de Minas y Energía lanzó una convocatoria donde se postularon 18,471 comunidades organizadas de todo el territorio nacional con el interés de implementar proyectos de energías renovables en sus territorios, los cuales serán priorizados para iniciar la financiación y ejecución con el presupuesto general de la nación, obras por impuestos y cooperación internacional.
Con ello, bajo la Resolución 40 509 del 21 de noviembre de 2024 el Ministerio de Minas y Energía reglamentó el Registro Único de Comunidades, definiendo a su vez los parámetros de focalización y priorización de los proyectos que se van a ejecutar con recursos públicos; finalmente, está en proceso el proyecto de Resolución CREG 701 051, el cual busca flexibilizar el mercado y motivar a empresas privadas o comunidades a implementar los proyectos que no serán priorizados por el ministerio.
“La transición energética no se basa únicamente en diversificar las fuentes renovables de energía, también es de vital importancia consumir este recurso de manera inteligente. En Solenium desarrollamos herramientas como nuestra plataforma Quoia, para medir el consumo de energía y ayudar a tener un control de los consumos en tiempo real para personas, industrias y comercios, lo que permitirá ahorrar en las facturas de energía y tomar decisiones informadas y sostenibles”, concluye Santiago.
En este contexto, empresas como Solenium, startup dedicada a desarrollar tecnologías innovadoras para proyectos de energía renovable, en función de construir un planeta más limpio y sostenible mediante la energía solar, son clave para ser los principales aliados dinamizadores de la generación distribuida en Colombia, integrando nuevas tecnologías para impulsar el desarrollo sostenible del sector energético.
Para este 2025 Colombia inicia expectante de esta última Resolución CREG 701 051, la normativa clave para dar inicio a la implementación de las Comunidades Energéticas, convirtiéndolo en un sistema más resiliente, descentralizado y democrático que brinde al país energía más sostenible y a su vez aporte al desarrollo económico de las regiones.
