La Asociación Colombiana de BPO, BPrO, manifiesta su profunda preocupación por los efectos adversos que la reforma laboral podría generar en la competitividad del sector y en la creación de empleo formal en Colombia. Si bien es fundamental modernizar las condiciones laborales en el país, la propuesta en discusión introduce rigideces y sobrecostos que comprometerían la sostenibilidad de la industria, incrementando las barreras de contratación y limitando la capacidad del sector para seguir impulsando el empleo formal.
Entre los aspectos más preocupantes, la reforma introduce cambios que afectan la flexibilidad laboral y la viabilidad del contrato de aprendizaje, impactando tanto la productividad de las empresas como la formación del talento joven.
Por un lado, la propuesta restringe los contratos a término fijo y por obra o labor, eliminando herramientas clave para que sectores dinámicos como el BPO puedan ajustarse a la demanda del mercado. Adicionalmente, la reducción de la jornada laboral a 42 horas semanales para 2026, que ya se está implementando en el país, y el incremento del recargo nocturno al 35% desde las 7:00 p.m., incluido en la propuesta, posicionan a Colombia entre los países con los horarios diurnos más cortos y los recargos nocturnos más altos de la región, restándole competitividad frente a otros mercados. Según estimaciones del Banco de la República, el costo adicional de estas medidas oscilaría entre 2,3 y 6,1 billones de pesos, impactando especialmente a sectores generadores de empleo como BPO, comercio, servicios de alimentación y turismo.
Adicionalmente, la reforma modifica el contrato de aprendizaje, equiparando al aprendiz con un trabajador formal y formado, lo que incrementa las obligaciones económicas para las empresas no solo por la carga de enseñanza, sino también por los costos asociados a la curva de aprendizaje natural. Esta disposición desincentiva la contratación de aprendices y afecta la formación de talento joven, reduciendo su acceso a oportunidades laborales.
“La reforma, lejos de fortalecer la empleabilidad, introduce sobrecostos que dificultan la contratación de aprendices y afectan la competitividad del sector. Es fundamental que cualquier ajuste normativo tenga en cuenta la realidad del mercado, las nuevas formas de trabajo y las necesidades del talento joven en formación”, afirmó Ana Karina Quessep, presidente ejecutiva de BPrO.
El sector BPO ha sido un pilar en la generación de empleo formal, con más de 754.000 trabajadores según la última encuesta del sector. De haberse vinculado todos los aprendices que exige la ley, este número habría alcanzado 37.719 jóvenes en formación. Sin embargo, debido a la diferencia entre la oferta de aprendices y la demanda del sector, algunas empresas se han visto obligadas a monetizar, desvirtuando el propósito real del contrato de aprendizaje y reduciendo las posibilidades de formación práctica para jóvenes talentos. Esta medida no solo pone en riesgo el modelo de aprendizaje, sino que limita el acceso al empleo formal y amplía la brecha de oportunidades para la juventud colombiana.
La Asociación reconoce el papel fundamental del SENA en la formación de capital humano y destaca la importancia de fortalecer la articulación entre la oferta y la demanda de aprendices. El reto es garantizar que más jóvenes accedan a programas de aprendizaje que les permitan desarrollar habilidades alineadas con las necesidades del mercado laboral y las empresas, así como adquirir experiencia laboral, asegurando que este modelo continúe siendo un pilar clave para la empleabilidad y el fortalecimiento del talento en Colombia.
Ante este panorama, BPrO hace un llamado urgente a los senadores de la Comisión Séptima del Senado para que revisen con responsabilidad los efectos de esta reforma y adopten medidas que realmente promuevan la generación de empleo en lugar de restringirla. Colombia no puede aprobar una reforma que, en vez de fortalecer el mercado laboral, termine afectando la estabilidad de miles de trabajadores y empresas.
El sector BPO continuará participando activamente en el debate, aportando información y propuestas que permitan construir un marco regulatorio balanceado, que proteja los derechos de los trabajadores sin comprometer la sostenibilidad de las empresas ni la competitividad del país.
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